Compuestos por representantes de los departamentos implicados en el manejo de la pesca y los ecosistemas de agua dulce: servicios de fauna y pesca fluvial, organismos de cuenca, guardería, SEPRONA, expertos científicos, así como federaciones, asociaciones de pescadores, organizaciones conservacionistas o ecologistas… estos órganos reflejan la pluralidad social, reuniendo desde amantes de la naturaleza hasta quienes ante todo van a consultar: ¿y qué hay de lo mío?

AEMS-Ríos con Vida lleva años participando en estos consejos o comisiones asesoras, actualmente en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y La Rioja, siempre formulando ideas y propuestas encaminadas a una gestión pesquera más racional y sostenible, capaz de conservar y mantener los recursos naturales. Y se han producido notables avances en algunas regiones, pero en mayor o menor medida queda en general mucho camino por recorrer, también en la concienciación y compromiso como pescadores en el bien común.

Renovar objetivos

Promovemos una pesca de calidad, con conocimiento y seguimiento científico de los recursos y hábitats, conservación de las especies y poblaciones autóctonas y restauración de su medio ambiente, mejor financiación y vigilancia de la pesca, educación ambiental de los pescadores… A menudo tenemos enfrente a diversos colectivos de pescadores: federaciones, sociedades con cotos consorciados, de ribereños, etc. Como pescadores podemos entender sus ideas y motivaciones, y coincidimos en señalar algunos problemas que aquejan a la pesca: los recursos van de mal en peor, los ambientes acuáticos están perdiendo la calidad necesaria, falta vigilancia de las agresiones ambientales y del furtivismo especialmente en épocas críticas, etc. Pero a menudo no compartimos el diagnóstico ni las terapias, sobre todo si pasan por “más de lo mismo”, por ejemplo “repoblar” sistemáticamente para suplir la carencia de peces salvajes, lo que se ha demostrado no ya inútil sino incluso contrario a los fines que perseguimos. Y discrepamos de los colectivos ribereños que piden “repoblaciones” mientras se niegan a aceptar cualquier restricción racional en sus “caladeros tradicionales”, como tampoco la adaptación de la temporada a los ciclos biológicos, la reducción de los cupos de capturas, la regulación de tallas, o la pesca sin muerte con la necesaria adaptación de técnicas y cebos para reducir la mortalidad. Tampoco compartimos la demanda de privilegios de acceso a la pesca ni las apetencias de participar directamente en su gestión. Defendemos el acceso igualitario de todos los colectivos y pescadores a la pesca y su gestión pública, no por ideología, sino porque la ley, el sentido común y las experiencias habidas nos avalan. Entendemos que entidades privadas como asociaciones de pescadores o las mismas federaciones, no estamos legitimados ni capacitados para administrar esos bienes comunes. Lo sabemos también porque lo hemos sufrido como pescadores, por ejemplo en Cataluña: quince años largos con todo acotado, “repoblado”… y degradado, para “engorde” de esa Federación. Políticas de dar peces a toda costa que ignoran y dañan los recursos pesqueros naturales. Porque los cotos intensivos pueden cumplir una función, pero no deberían ubicarse donde puedan perjudicar a las especies autóctonas; y por otro lado, la acuicultura industrial que los nutre lleva muchos años contribuyendo a deteriorar las cuencas altas de nuestros ríos y su biodiversidad natural, ya que transmite enfermedades a la fauna autóctona, erosiona su patrimonio genético y atrae nuevos predadores oportunistas. Existen piscifactorías que están afectando incluso a pequeñas poblaciones autóctonas muy vulnerables, un tesoro genético y garantía de futuro que en países con conciencia ecológica y gestión pesquera más avanzadas sería prioritario cuidar.

¿Quién debe gestionar?

Pensemos que las entidades de pesca que participamos en estos Consejos representamos a minorías de pescadores, y si algunas parecen otra cosa en ciertas regiones quizá sea porque han obtenido la promoción infalible de adquirir y ostentar privilegios de acceso a la pesca. Como ellos, nosotros también queremos influir en la gestión del pez y su hogar, pero en el bien común, ya que no queremos cotos privados, descuentos ni prebendas. Ahí la administración marca el campo de juego, planifica y ordena los recursos y su uso, y debería diseñar y dirigir las políticas de gestión atendiendo a criterios científicos y técnicos, tomando decisiones bien informadas y transparentes, siempre bajo la letra y el espíritu de la ley. Pero en esto de gestionar las aguas dulces y la pesca, lamentablemente el conocimiento suele ir muy por detrás del acontecimiento. Por ejemplo, hoy buena parte de nuestros ecosistemas, especialmente embalses, están invadidos de especies exóticas, algunas sin interés pesquero. Un embalse está dentro de una cuenca hidrográfica y no se puede aislar de ella. Las especies alóctonas que lo frecuentan interaccionan con la flora y fauna nativa tanto en el propio vaso como en los ríos que lo llenan. Actualmente muchas de nuestras cuencas, largamente alteradas por embalses, son auténticos laboratorios a cielo abierto donde la perturbación y el desequilibrio ecológico campan impredecibles; y sabemos bien poco de lo que está ocurriendo o puede pasar en el futuro, porque no se puede conocer lo que no se estudia.

Son muchos los problemas de las aguas continentales y la pesca, y los pescadores tenemos un importante papel que jugar, especialmente en los directamente asociados a la pesca. Estamos tranquilos porque no nos mueven intereses corporativos o particulares. Coincidimos con unos en el respeto a las capturas y a las normas, con otros en el aprecio de los peces de siempre. Defendemos esos peces en cantidad y calidad, y estamos convencidos de que sólo hay un modo de tenerlos: recuperar los ríos que son su hogar. Pero los escasos fondos dedicados a la gestión de pesca todavía hoy en la mayoría de las regiones se gastan más que nada en “repoblar”, generalmente a petición de los pescadores, a quienes durante décadas se nos ha inculcado esa “solución” a la merma de capturas. Puede faltar de todo: estudio, planificación y gestión, vigilancia, restauración… pero eso ¡que no falte! Y se suelen ignorar o trivializar los perjuicios de la acuicultura según se desarrolla en nuestros ríos, mientras se dilapida el dinero del contribuyente en servir privilegios y subvencionar peces domesticados a los pescadores.

En nuestras manos

Pero los pescadores podemos hacer mucho por las aguas continentales si cooperamos en el bien común, sin echar balones fuera y asumiendo lo que nos toca. Por un lado, pescar con el menor impacto posible sobre el entorno y los recursos naturales que utilizamos, y pedir un manejo sostenible de la pesca. Pero si hace falta dinero para conocer y solventar los problemas de la pesca y gestionarla mejor, considerando lo barata que es en España en relación a otros países de nuestro entorno sociocultural, los pescadores también podríamos contribuir a revalorizarla. La recaudación por tasas de pesca ingresa en las arcas autonómicas, pero la actividad es deficitaria y se sostiene con fondos públicos, ya que si los ingresos revirtieran en la gestión no alcanzarían ni de lejos a financiarla. Por ejemplo, en Castilla y León en el año 2000 los gastos de gestión e inversiones en pesca superaban en casi un 37% a los ingresos. Hay que pedir más presupuesto, pero si se encareciera razonablemente la pesca en general destinando la recaudación a mejorar el conocimiento, la planificación y el manejo pesquero, sin duda tendríamos mejores escenarios y recursos. Algunos achacan todos los males a una gestión pública que dicen ineficiente e incapaz de cuidar los recursos, y defienden la privatización como panacea, soslayando que la pesca, como actividad en la naturaleza, tiene evidentes implicaciones ambientales. Cualquier dominio o gestión privada de la pesca, que por definición perseguirá una rentabilidad económica, es fácil que choque con bienes y fines comunes como son biodiversidad o buen estado ecológico. Y a mayor injerencia de intereses mercantiles en las directrices, objetivos y medidas del manejo pesquero, menor garantía para el interés general. Tampoco entendemos la necesidad de “intermediarios” privados para que la pesca resulte económicamente viable. Si miramos a los países de nuestro entorno, no encontraremos razones objetivas para que el manejo público de la pesca en España no pueda resultar viable sin desorbitar los precios, e incluso arrojar beneficios que podrían ser más fácilmente dirigidos a la propia actividad, a mejorar el hábitat, los recursos pesqueros y su aprovechamiento sostenible. Y sobre todo, no podemos perder de vista que las experiencias de privatización de la pesca en nuestro país, lejos de la bondad que prometían, hasta la fecha han traído más bien enormes fiascos ambientales, sociales y económicos… salvo quizá para los pocos privilegiados.